El Consejo Directivo del INTA dispuso la exoneración de Virginia Aparicio, coordinadora argentina del proyecto internacional SPRINT. La investigación detectó residuos de plaguicidas en personas y en el ambiente. El organismo fundamentó la sanción en irregularidades administrativas, mientras sectores científicos y sindicales denuncian persecución y cuestionan la libertad de investigación.
El INTA aplicó la máxima sanción contra Virginia Aparicio
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a la científica Virginia Aparicio, investigadora de la Unidad Integrada Balcarce y especialista en contaminación ambiental.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 366, fechada el lunes 26 de octubre de 2026. La medida constituye la sanción disciplinaria más grave prevista en el régimen nacional de empleo público.
Aparicio coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT, una investigación sobre la presencia de plaguicidas en el ambiente, los animales y las personas.
El estudio identificó residuos de distintas sustancias químicas en muestras ambientales y biológicas tomadas en el sudeste bonaerense.
Sin embargo, el conflicto comenzó cuando la investigadora se disponía a comunicar los resultados a quienes habían participado voluntariamente del proyecto.
En junio de 2023, las autoridades del INTA suspendieron esa presentación. Meses después, el organismo decidió retirar a Argentina del estudio y abrió un sumario administrativo.
La exoneración pone fin a esa instancia disciplinaria y abre un nuevo capítulo en una controversia que involucra a la comunidad científica.
Qué establece la resolución que exoneró a Virginia Aparicio
La Resolución 366 atribuye a Aparicio infracciones a los incisos e) e i) del artículo 24 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional.
El primero prohíbe utilizar las facultades del cargo para fines ajenos a las funciones asignadas. El segundo establece restricciones sobre el uso de bienes y recursos públicos.
Entre los principales cuestionamientos, el INTA menciona la participación de José Luis Costa, investigador retirado del organismo y conviviente de Aparicio.
Según la resolución, Costa habría intervenido en tareas de coordinación y acceso a información reservada sin contar con una autorización institucional formal.
El Consejo Directivo también cuestionó decisiones relacionadas con el envío de muestras biológicas a laboratorios de Países Bajos.
Asimismo, señaló presuntas irregularidades en la gestión administrativa de los fondos europeos y en la aplicación de los protocolos bioéticos.
La resolución sostiene que estas decisiones requerían autorizaciones institucionales específicas que no habrían sido obtenidas.
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El INTA reconoció que no se acreditó un beneficio económico personal
Uno de los aspectos centrales del expediente es que el propio organismo reconoce la ausencia de un beneficio económico personal acreditado.
También señala que Aparicio no registraba antecedentes disciplinarios.
La resolución consigna ingresos vinculados al proyecto por 5.661.483,83 pesos y egresos por 5.527.359,58 pesos.
Entre los gastos figura un pago de 1.688.445,82 pesos a World Courier, realizado en julio de 2022. El servicio correspondió al traslado de muestras hacia laboratorios europeos.
No obstante, el Consejo Directivo aclara que esos movimientos financieros no permiten establecer, por sí mismos, un perjuicio fiscal equivalente.
El organismo sostiene que el uso indebido de recursos públicos puede constituir una infracción administrativa sin necesidad de acreditar daño económico.
Sobre esa interpretación fundamentó la aplicación de la máxima sanción.
La defensa de Aparicio rechazó las imputaciones y cuestionó la proporcionalidad de la medida. También planteó la nulidad del sumario y denunció indefensión y trato discriminatorio.
El Consejo Directivo desestimó esos planteos y consideró que se habían respetado las garantías del procedimiento.
Proyecto SPRINT: qué investigaba la científica del INTA
El proyecto SPRINT comenzó en 2020 y contó con financiación del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea.
La iniciativa fue coordinada por investigadores de la Universidad de Wageningen, en Países Bajos. Participaron equipos científicos de diez países europeos y Argentina.
Su objetivo consistía en estudiar la exposición a plaguicidas y sus mezclas en distintos sistemas productivos.
El programa internacional recibió una financiación global cercana a los 14 millones de euros.
En Argentina, el INTA había autorizado institucionalmente la participación en mayo de 2020.
Aparicio, ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias, trabajaba desde 1997 en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce.
Durante su trayectoria investigó la presencia de plaguicidas en suelos y aguas. También estudió prácticas agrícolas destinadas a reducir la utilización de sustancias químicas.
Las muestras tomadas en el sudeste bonaerense
Durante 2021, el equipo argentino recolectó muestras biológicas de 73 voluntarios.
Participaron productores agropecuarios, trabajadores rurales, vecinos y consumidores de distintas localidades bonaerenses.
Los investigadores analizaron sangre, orina y materia fecal. También estudiaron muestras de suelo, agua, aire, alimentos y polvo doméstico.
El proyecto permitió evaluar la presencia de más de 200 plaguicidas y sus posibles combinaciones.
Uno de sus objetivos era reconstruir las diferentes vías de exposición de las personas a estas sustancias.
La investigación también buscaba comparar los niveles detectados entre poblaciones vinculadas con distintos modelos de producción agrícola.
Glifosato y plaguicidas: qué encontraron los investigadores
Entre los resultados difundidos del proyecto SPRINT figura la detección de glifosato en muestras de orina del 84% de los participantes argentinos.
También se identificaron residuos de diferentes plaguicidas en muestras ambientales y biológicas.
Los investigadores observaron exposiciones simultáneas a distintas sustancias. Este fenómeno constituye uno de los principales ejes de estudio del proyecto internacional.
Según los resultados presentados por el equipo, determinados grupos vinculados con la producción convencional registraron mayores concentraciones de algunos compuestos que los participantes relacionados con prácticas agroecológicas.
Sin embargo, la presencia de residuos químicos no demuestra automáticamente la existencia de una enfermedad causada por esas sustancias.
Los resultados permiten caracterizar la exposición, pero requieren investigaciones adicionales para establecer sus posibles consecuencias sanitarias.
Qué dice el informe internacional sobre los riesgos para la salud
La resolución del INTA también incorpora referencias a un documento científico del proyecto SPRINT, publicado el 28 de febrero de 2023.
Según ese informe, las ingestas estimadas de glifosato no superaron los valores de ingesta diaria admisible utilizados como referencia.
Los autores consideraron que, bajo ese criterio específico, los niveles calculados no deberían representar un riesgo potencial para la salud.
También advirtieron que la información sanitaria disponible no permitía realizar un análisis epidemiológico adecuado.
Estas conclusiones deben diferenciarse de los resultados sobre presencia de plaguicidas en muestras humanas y ambientales.
La detección de una sustancia, la estimación de exposición y la evaluación de sus efectos sanitarios son aspectos relacionados, pero diferentes.
Además, los valores de referencia para una sustancia individual no resuelven necesariamente los interrogantes sobre la exposición combinada a múltiples compuestos.
Por ese motivo, la continuidad de las investigaciones resulta relevante para profundizar el conocimiento sobre los posibles efectos de estas mezclas.
De la suspensión de los resultados a la salida de Argentina del proyecto
El conflicto institucional comenzó a tomar forma el 15 de junio de 2023.
Ese día, el INTA ordenó suspender una reunión en la que Aparicio tenía previsto comunicar los resultados a los participantes del estudio.
La resolución de exoneración caracteriza aquella decisión como una medida preventiva.
Sin embargo, la investigadora y quienes respaldan su trabajo cuestionaron la interrupción de la devolución de información.
El 7 de diciembre de 2023, el Consejo Directivo aprobó la Resolución 1081, que dispuso la salida argentina del proyecto SPRINT.
Ese mismo día, mediante la Resolución 1082, se ordenó iniciar el sumario administrativo.
La decisión resultó especialmente controvertida porque la incorporación al programa había contado inicialmente con autorización institucional.
Las diferencias sobre los protocolos científicos
Entre las observaciones administrativas figura la intervención del Programa Temático Interdisciplinario en Bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
El INTA cuestionó que se hubiera utilizado esa instancia sin completar las autorizaciones internas correspondientes.
También señaló diferencias entre el número de participantes previsto inicialmente y la distribución final de los voluntarios.
El protocolo contemplaba 72 personas divididas en tres grupos. La presentación posterior incluyó 73 participantes, distribuidos entre productores, vecinos y consumidores.
La defensa sostuvo que las decisiones cuestionadas respondían a las necesidades del proyecto internacional y a su funcionamiento científico.
También argumentó que la coordinación general del consorcio conocía y avalaba los procedimientos utilizados.
El Consejo Directivo consideró insuficiente ese respaldo para reemplazar las autorizaciones exigidas por el organismo argentino.
Otros investigadores recibieron sanciones menores
El sumario administrativo también involucró a otros trece agentes del INTA.
Sin embargo, las sanciones fueron diferentes. El director de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Facundo Quiroz, recibió quince días de suspensión.
Por su parte, Eduardo De Gerónimo fue sancionado con veinticinco días.
Los restantes agentes fueron eximidos de responsabilidad, entre ellos Horacio Berger. Esta diferencia constituye uno de los principales cuestionamientos de la defensa de Aparicio.
Mientras otros funcionarios recibieron suspensiones o fueron desvinculados del procedimiento, la coordinadora del proyecto fue exonerada.
La resolución también ordenó comunicar los hechos a la Oficina Anticorrupción ante la eventual existencia de delitos de acción pública.
Además, solicitó un informe sobre la liquidación del acuerdo de financiación para evaluar posibles responsabilidades patrimoniales.
Estas actuaciones no equivalen, por sí mismas, a la acreditación de un delito ni de un perjuicio económico.
Denuncias de persecución y defensa de la libertad científica
La exoneración provocó cuestionamientos de organizaciones científicas, sindicales, socioambientales y de derechos humanos.
Los sectores que respaldan a Aparicio consideran que el procedimiento constituye una forma de persecución institucional.
También advierten sobre sus posibles consecuencias para otros investigadores que trabajan sobre temas ambientalmente sensibles.
La científica había expresado públicamente su preocupación por el efecto disciplinador de la medida.
En una entrevista con Página/12 sostuvo:
“Lo que quieren es generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren”.
En declaraciones a Bichos de Campo, también describió el aislamiento que experimentaba dentro de la institución:
“Parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA”.
Aparicio había anticipado que recurriría a la Justicia si se confirmaba la sanción.
La investigadora sostuvo que la exoneración comprometía su continuidad profesional y su identidad como científica.
El respaldo de sindicatos y organizaciones científicas
La Asociación del Personal del INTA (APINTA) y ATE CONICET impulsaron acciones públicas contra la exoneración.
También circularon pronunciamientos de investigadores y organizaciones vinculadas con la defensa de la ciencia pública. Entre las iniciativas se difundió una campaña bajo la consigna “No a la exoneración de Virginia Aparicio”.
Los sectores que cuestionan la sanción sostienen que las controversias administrativas deberían resolverse sin afectar la continuidad de investigaciones relevantes para la sociedad.
También reclaman que los resultados del proyecto SPRINT sean utilizados para ampliar los estudios sobre contaminación ambiental.
La defensa de Aparicio considera que las irregularidades atribuidas no justifican la máxima penalidad disciplinaria.
Por su parte, el INTA sostiene que la investigación científica debe cumplir las normas administrativas, éticas e institucionales vigentes.
Virginia Aparicio presentó los resultados ante el Concejo Deliberante de Balcarce
El 15 de octubre, once días antes de conocerse la exoneración, Aparicio presentó personalmente los resultados de sus investigaciones ante el Concejo Deliberante de Balcarce.
La exposición permitió difundir parte de la información obtenida mediante el proyecto internacional.
También volvió a instalar el debate sobre la presencia de plaguicidas en el ambiente y en las personas.
La presentación tuvo especial relevancia porque la comunicación institucional de esos resultados había sido interrumpida en 2023.
Mientras tanto, distintos trabajos vinculados con SPRINT continuaron circulando en publicaciones científicas internacionales.
El caso también reavivó discusiones sobre los antecedentes de investigadores que estudiaron los efectos de los agroquímicos.
Entre ellos aparece el del biólogo Andrés Carrasco, cuyas investigaciones sobre glifosato generaron fuertes controversias públicas.
La posición oficial del INTA frente a la controversia
Tras conocerse la decisión, el organismo difundió un comunicado titulado Resolución del Consejo Directivo del INTA sobre el Proyecto SPRINT.
El documento no menciona expresamente a Virginia Aparicio.
En cambio, plantea la necesidad de garantizar el cumplimiento de los protocolos científicos, éticos y administrativos.
El INTA reafirmó su compromiso con la producción de evidencia confiable y con el fortalecimiento de las capacidades de investigación.
También defendió la inversión en equipamiento y herramientas analíticas para desarrollar estudios ambientales.
La posición institucional contrasta con las denuncias de quienes consideran que la exoneración representa un castigo contra una investigadora que produjo información de interés público.
El organismo atribuye la sanción a incumplimientos administrativos. Los sectores que respaldan a Aparicio cuestionan tanto esa interpretación como la proporcionalidad de la medida.
Una disputa que trasciende el futuro laboral de Virginia Aparicio
La exoneración de Virginia Aparicio abre una nueva etapa en un conflicto que comenzó hace más de tres años.
La investigadora anticipó que agotaría las instancias administrativas y recurriría a la Justicia para cuestionar la sanción.
El caso plantea interrogantes sobre la relación entre los procedimientos institucionales, la autonomía científica y el acceso público a los resultados de las investigaciones.
También vuelve a poner en discusión el papel del Estado frente a estudios sobre exposición a plaguicidas y sus posibles consecuencias ambientales y sanitarias.
La controversia no se limita a determinar si existieron irregularidades administrativas. También involucra la proporcionalidad de las sanciones y las condiciones necesarias para desarrollar investigaciones independientes.
En ese escenario, el futuro judicial de Aparicio y la utilización de los resultados del proyecto SPRINT serán dos cuestiones centrales.
La resolución del conflicto tendrá implicancias que exceden a la investigadora. También podría sentar un precedente sobre las garantías institucionales para investigar temas de interés público.
